El fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, explicó que Noguera "permitió en 2005 las interceptaciones de comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos sin orden judicial".
Por ello se le imputan los crímenes de "concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores y abuso de autoridad por acto abusivo injusto".
Todos los cargos refieren a la persecución telefónica ilegal efectuada en contra de actores políticos opositores al Gobierno del ex presidente, Álvaro Uribe.
Mendoza explicó que la investigación contra el acusado hace referencia fundamentalmente al espionaje en contra de periodistas, magistrados y miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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