El reglamento fue confeccionado durante tres meses por miembros del Gobierno, organizaciones sociales y medios de comunicación.
La ministra de Justicia, Nilda Copa, explicó que "fueron 25 sesiones de debates a lo largo del país para recoger las opiniones de todos los sectores representativos".
Además, la funcionaria resaltó que pese a la oposición que había contra la normativa "con la participación de todos los sectores se han logrado consensos".
La Ley antirracista establece mecanismos para la sanción de actos discriminatorios, en el marco de la Constitución Política del Estado y tratados internacionales de derechos humanos.
La normativa indica que el medio que publique ideas racistas y discriminatorias "será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento".
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