El ex mandatario boliviano está acusado de ocasionar daños económicos al Estado y deberá responder ante los tribunales por el caso de la empresa Imbolsur.
Se lo acusa por el daño económico al Estado boliviano por unos 191 millones de dólares.
Actualmente, el ex gobernador de Tarija se encuentra con asilo político en Paraguay, concedido por la Comisión Nacional del Refugio (CONARE) de ese país.
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