Educación Comunitaria, popular y pública.
Por Guillermo Greco (FTNyP Pilar)
Desde los tiempos de la Colonia, nuestra región ha vivido en la tensión de la construcción política para garantizar los privilegios de las minorías poderosas o el derecho de las mayorías desposeídas. A lo largo de la historia latinoamericana, los pueblos y las comunidades oprimidas han construido herramientas para su liberación, entre ellas la Educación Popular.
En esta tensión, los modelos educativos, sus programas, proyectos y didácticas han estado en constante lucha para garantizar y/o reproducir las desigualdades o para transformar realidades injustas.
En el caso de la Educación Popular, en cada contexto histórico y territorial, se han ido constituyendo estrategias específicas para sus objetivos. El discurso de la dominación ha disfrazado el concepto (como tantos otros) difundiendo la idea que la Educación Popular es una propuesta precaria y parcial para los pobres. Esto no es cierto, la Educación Popular, es ante todo una herramienta para la liberación. Es una herramienta creada por el propio pueblo para concientizarse de su opresión y construir pensamiento para liberarse.
En el caso del conurbano bonaerense desde 1976, en la implementación de las políticas neoliberales, en la necesidad de dar respuestas a las emergentes necesidades alimentarias, sociales y educativas de la infancia del campo popular, surgen los autodenominados Jardines Comunitarios.
Son experiencias sostenidas por militantes sociales que buscan garantizar derechos básicos a los niños de entre 0 y 5 años, ante el hambre, la desocupación, la fragmentación social y la falta de Escuelas Públicas que las políticas neoliberales fueron instalando. Han construido herramientas como las Organizaciones Sociales y las Redes, para sostenerse simbólica y políticamente y han tenido que conseguir recursos materiales de todas las formas posibles ante el desesperante escenario en que se encontraban, desde subsidios estatales hasta préstamos y donaciones de ONG´s nacionales y del exterior. Esta situación ha dejado más de una vez a las experiencias ante contradicciones ideológicas, que debieron subordinarse para garantizar cuestiones de supervivencia. Pero también esta situación ha construido y fortalecido lazos con la comunidad, como los padres, los vecinos, las instituciones y organizaciones del barrio, en la que la participación popular ha logrado muy importantes niveles, tanto en los aspectos organizativos como en la propuesta pedagógica. En este sentido, se las reconoce como genuinas experiencias de educación pública.
Desde el año 2003, ante la gestión de gobierno nacional que dejó de adscribir al Consenso de Washington, la relación de los Jardines Comunitarios con el Estado entró en una etapa nueva, en la que el diálogo de los actores en el territorio y los nuevos actores en los cargos del Estado, se ha ido desarrollando en una instancia de legitimación, reconocimiento, acompañamiento y apoyo, tendiente a incorporar a estas experiencias educativas como instituciones públicas y populares que den sustento al Estado Popular.
En este marco, los militantes sociales en la gestión de gobierno de la Pcia. de BS. As., provenientes de las Organizaciones Sociales, y los de los jardines, han acordado concretamente propuestas, posibilidades y metas para establecer políticas públicas, persiguiendo un doble objetivo dialógico: Legitimar el trabajo territorial popular como parte de las políticas de Estado e ir transformando al Estado burocrático y liberal (en el particular, su sistema educativo) en un Estado participativo y popular.
Se ha hecho un relevamiento de las experiencias de Jardines Comunitarios en la Provincia de Buenos Aires, destacándose las de distritos como La Matanza, Lomas de Zamora y Florencio Varela, entre otras. A partir del diálogo con los protagonistas de las experiencias, se han reconocido aspectos a trabajar como la formación académica de los educadores comunitarios, su retribución salarial por una labor que el Estado no puede garantizar (recordemos que se estiman unos 25.000 niños, que en edad escolar para el nivel inicial, no tienen escuela oficial a la cual asistir en la Pcia. de Bs.As.), el nivel de infraestructura adecuado para la propuesta educativa, el material didáctico específico, las instancias de Supervisión de los proyectos institucionales y su modalidad comunitaria, la asignación de partidas para el servicio alimentario, las constancias de Alumno Regular para el cobro de Salario Familiar y Asignación Universal por Hijo.
Desde la Dirección Provincial de Políticas Socio-Educativas (DGCyE), a través de la Dirección de Alternativas Pedagógicas, se ha elaborado un Programa específico de Acompañamiento y Apoyo para situar a los Jardines Comunitarios en las condiciones necesarias para resolver los aspectos a trabajar:
Sobre la formación académica, se contempla un trayecto de formación, en principio para quienes están frente a alumnos, para otorgarles un título específico habilitante para la función.
Con respecto a las modificaciones necesarias de Infraestructura, en acuerdo con los Municipios, a través del Programa de Cooperativas, se implementan las modificaciones de acuerdo a la reglamentación de la DGCyE.
En cuanto a la Supervisión, se entiende que es responsabilidad del Estado, por medio de los Inspectores del Nivel Inicial de la Gestión Estatal con el acompañamiento de la Dirección de Políticas Socio-Educativas, para garantizar la modalidad Comunitaria como un imprescindible aspecto a legitimar y potenciar.
Sobre las constancias de alumno regular y material didáctico, se acuerda con el Ministerio de Educación de la Nación, el reconocimiento a través del CUE.
Para el caso del Servicio Alimentario, que se garantiza por medio del Ministerio de Desarrollo de la Pcia. de Bs. As., se contempla reorganizando partidas existentes e incorporando las faltantes a través de la gestión de la DGCyE.
La intención del Programa es constituir un espacio de diálogo para diseñar estrategias específicas, de acuerdo a las realidades de cada territorio, articulando responsabilidades y posibilidades de cada nivel del Estado (Municipal, Provincial y Nacional). No entiende a las Políticas de Estado como líneas de trabajo cerradas para imponer en los territorios, sino, como instancias que buscan legitimar las estrategias y experiencias populares por medio de su institucionalización y así garantizar Derecho.
