Con la democracia no se jode, total apoyo al Ministro Agustín Rossi

Por Jorge Colmán. A través de su cuenta de Twitter el Ministro de Defensa de la Nación criticó con nombres y apellidos a los ex-uniformados que se arrogan la representación de las fuerzas armadas.

La “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín” emitió un comunicado de corte político e intenta incidir en la fuerzas de seguridad claramente contra el gobierno. En el comunicado plantea que es “un espacio federal que se propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública a los centenares de miles de uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional”.

Si bien plantean que “De ninguna manera es un desafío a las instituciones, sabemos por nuestra experiencia en el servicio que a las fuerzas las maneja, la conduce, el personal en actividad; pero somos conscientes de las lecturas que se pueden generar, es algo que no nos podemos sacar de encima desde 10 de diciembre 1983 en adelante” destacando luego que “de todas formas nos gustaría participar, como hacen los ocho ex-secretarios de energía de la Nación, en expresar opiniones públicas sobre el sector de la defensa y la seguridad”.

El planteo de homologar “la energía” con la “seguridad” parecería algo inocente, pero dado lo delicado que implica tener mandos naturales, donde la verticalidad es un rasgo específico de las fuerzas de seguridad y que las opiniones de particulares o grupos no cuentan, mas parece un grupo de presión que de “opinión”.

Mas cuando en América Latina recorren procesos políticos de desestabilización de las democracias, que de golpes blandos en Paraguay y Brasil pasaron a duros como en Bolivia, donde quedo en claro el triste papel de las fuerzas de seguridad contra las instituciones. En la Argentina ya hubo un conato de rebelión policial con cortes de ruta y hasta un piquete en la puerta de la Quinta Presidencial de Olivos que fue desarticulado por el gobierno nacional y provincial.

Tampoco son inocentes los hombres que conducen algunas de las organizaciones de la mesa, el General Ernesto Juan Bossi quien parece ser el cabecilla del grupo, condujo la SIDE durante el gobierno de la Alianza. El lugar de encuentro de la Mesa tampoco lo es, ya que se reunieron en la “Sociedad Militar Seguro de Vida”, presidida por Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal.

La vinculación con Juntos por el Cambio viene de la mano de un ex-jefe del Ejército, hombre de confianza nombrado por el gobierno de Mauricio Macri y un ex-jefe de la Policía bonaerense nombrado por la ex-gobernadora María Eugenia Vidal. Si tiene cola, cuerpo y cabeza de perro, seguramente es…

En momentos que escribimos esta nota ya hay organizaciones de la Mesa de Enlace que se despegan de ella, se trata de la “Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas” que con la  firma de su Pte Gral Fernandez, desmiente su participación en la Mesa de Enlace.

El Mensaje del Ministro de Seguridad Agustín Rossi

El mejor aporte que pueden hacer los retirados de las FFAA es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren

La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las ffaa, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad

Si la Mesa de Enlace se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los Jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria

Conspiran contra los jefes de la ffaa, a los que ni siquiera nombran ni reconocen, conspiran contra la actual política de defensa. El Gral Bossi, es un conspirador nato. Ya lo hizo en el 2004 contra Nestor Kirchner. Lo vuelve hacer hoy

Tuvo cargos de conducción en el Ejército durante el menemismo, periodo de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno de

@alferdez “blanqueo” ante la solicitud de los actuales jefes de las ffaa

Es decir, que en la Mesa de Enlace, están los que crearon los suplementos no remunerativos y los que no pudieron cambiarlos. Lamento verlo al Gral Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito

El Gral Pasqualini, fue hasta hace 10 meses jefe del Ejército. Tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. ¿No sería prudente dejar que los que lo sucedieron intenten resolverlos

Reimundes es el actual titular de Sociedad Militar Seguros de Vida, sucedió a Bossi en ese lugar. Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes vía, ws, redes, etc sobre la actual política de defensa

Fue procesado por espionaje ilegal. Su camarada Bossi tiene similares inclinaciones: integró el staff de la SIDE con de Santibañes en el gobierno de De la Rua. Ambos fueron fuertes impulsores de involucrar a las ffaa en cuestiones de seguridad interior.

Es notable la presencia de mutuales militares en la Mesa de Enlace, que lucran con el salario militar, obvio encabezados por SMSV, motivo por el cual les auguro a sus integrantes un futuro más cercano al oro y la plata que al bronce

Las mutuales militares tienen un representante en el INAES, el respetado Gral Brown, que tendría que estar meditando su permanencia habida cuenta de la fenomenal operación política contra el gobierno nacional organizada por sus auspiciantes

Todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $ 200.000 a $ 230.000, habiendo tenido un promedio de aumento de $ 50.000 el último mes. Pero de esto no se habla

Netanyahu, Rabín y Cristina, la geopolítica de la paz contra la guerra

Por Jorge P. Colmán. Benjamin Netanyahu tiene dos enemigos: La paz y la diplomacia, solo busca la guerra contra Irán y sus vecinos para sostenerse en el poder, la Argentina esta cruzada en sus conflictos y queda envuelta en las amenazas bélicas

Otra vez la geopolítica israelí y las elecciones en Israel producen alarmas en la región y medio oriente. El discurso duro hacia los países árabes busca posicionar su partido en los comicios locales, utilizando el miedo entre los israelies, como herramienta electoral. Israel es un aliado de los EEUU, pero sus armas de destrucción masiva hacen que una discusión interna signifique una guerra con los países vecinos.

Netanyahu hizo un discurso violento y hostil hacia Irán en los EEUU, su objetivo choca con la política norteamericana de descongelamiento de las relaciones con el país árabe. El conflicto es contradictorio en más de un sentido, EEUU pretende un acuerdo con Iran para controlar el uso pacífico de la energía nuclear, mientras que el único país regional que no ha firmado acuerdos sobre la materia, ha sido el mismo Israel que se opone. Desairó al presidente Barak Obama, ya que la invitación vino directamente del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, sin tener en cuenta a la Casa Blanca que pertenece al partido Demócrata.

Lo hace mientras intenta despegarse del golpe de estado en Venezuela. Según Thierry Meyssan "El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de enlace con Israel. Ledezma había viajado secretamente a Tel Aviv, el 18 de mayo de 2012, para reunirse con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman actuando como representante del jefe de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski".

En la Argentina se reposiciona el discurso hostil con el (hasta ahora) suicidio del Fiscal Nisman. El discurso presidencial de Cristina Fernández puso de punta a los partidarios de derecha de la comunidad judía en la Argentina, que intentan por acción de la denuncia ¿de Nisman? rechazar los acuerdos con Irán para alcanzar la verdad en el caso AMIA.

Sobrevuela la versión de la historia que plantea la operación de falsa bandera, que pudo haber sido la voladura de la embajada de Israel y la AMIA en la Argentina. En aquel momento Isaac Rabin otorgaba la autonomía a la Franja de Gaza y luego a Cisjordania, aprobando el regreso del lider palestino Yaser Arafat. Firmaba luego un tratado de paz con el rey Husein de Jordania, recibiendo por su trabajo diplomático el Premio Nobel de la Paz. Esto movilizo a los extremistas de derecha israelíes que terminaron asesinando a Rabín. Los atentados bien podrían haber sido fruto de esa interna, donde se buscaba movilizar las opiniones hacia la guerra, terminando con el proceso de paz iniciado por el líder israelí.

El entonces líder del Likub Benjamin Netanyahu no es ajeno a aquel proceso. Fue uno de los que acusó a Rabín de haberse apartado de la línea política israelí de nocesión de territorios a los árabes, por los tratados de paz firmados en Oslo. "¡Con sangre y fuego / te echaremos, Rabin!" gritaban los judios extremistas de derecha, un panfleto mostraba a Rabín con uniforme nazi, Netanyahu fue acusado de liderar las protestas y desde la extrema derecha vino el disparo que termino con la vida del primer ministro.

El marco geopolítico actual moviliza nuevamente a la derecha israelí hacia la guerra, las negociaciones de su principal socio y sostén militar, son una mala noticia para un país que amenaza la región con su arsenal bélico. El electorado israelí es muy sensible a este tema y los tambores de guerra de Netanyahu son un excelente pretexto de campaña.

Video donde se muestra a la dereche antes del asesinato de Rabin
https://www.youtube.com/watch?v=9MTx8O_1hzU

La ignorancia de Sergio Massa y la experiencia del scoutismo.

Por Jorge P. Colmán. Desde chico integre el grupo Scout Sagrada Familia de Grand Bourg (USCA). Todavía recuerdo el 16 de abril cuando tome la promesa en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes con amigos entrañables como Alberto Quiroz, Pedro Oliver, Jose Luis Devalle, Sergio Orozco y otros.

El scoutismo me sirvió para sobrellevar muy duros momentos, cuando asesinaron a mi querido viejo. Fue para mi un lugar de inclusión y contención como pocos en aquella época.

El valor de la defensa de la naturaleza, los valores de solidaridad y la búsqueda de las buenas acciones diarias, ayudaban a construir una sociedad mejor.

Luego fui Raider, para después ser dirigente de estos últimos. Fue una experiencia enriquecedora en momentos muy duros de mi vida. Por eso me decidí a escribir sobre los dichos de este señor, que pretende presidir los destinos de un país y desconoce totalmente las excelentes experiencias de amor al prójimo que da el scoutismo.

“Queríamos una policía para dar soluciones y nos dan un cuerpo de boy scouts” declaró a la prensa. En su ignorancia, vincula la seguridad de los ciudadanos con scoutismo. Muy lejos esta de aquella tarea el scoutismo y muy injusto su mal intencionado comentario.

Estar con un uniforme no significa ser MILITAR, aunque tenga en el hombro algunas "medallas", que tienen que ver con valores y habilidades adquiridas en comunidad con los demás scouts. Contribuyen a la seguridad, porque difunden valores positivos y sirven para orientar a niños, niñas y jóvenes, pero muy lejos de fusiles y la muerte.

Los scouts no son una fuerza policial, son una experiencia de inclusión para niños que sufríeron las consecuencias de la guerra mundial en la lejana Europa. Fue integrada por miles de huérfanos, que dejaron las armas asesinas de los militares.

Sergio Massa desconoce las experiencias de inclusión de nuestros scout, tal vez porque no le interesan, tal vez porque a su entorno le importa muy poco los que más sufren.

Todavía los scouts argentinos esperan una disculpa y tal vez, que la próxima vez, se informe un poco mas antes de hablar

Mercosur impulsará políticas públicas para mejorar niveles de seguridad

Montevideo, IP Paraguay.- Los ministros de Justicia y Seguridad del Mercosur, reunidos en esta ciudad este viernes, decidieron impulsar y profundizar coordinadamente políticas públicas de aliento al desarme civil voluntario, considerado como una estrategia sensible para mejorar los niveles de seguridad regional.
Para seguir leyendo pinche aquí.

Diez puntos de acción por la seguridad democrática

1 El Estado frente al problema del delito


En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2 El engaño de la mano dura

Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5.- Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
 
7. Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.

9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT), Grupo Jauretche-CTA FTNyP (Malvinas Argentinas, José C. Paz, Pilar, Lujan, San Miguel y Lanus). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación